La celebración del 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia) como día no laborable, invocando la memoria de los 30.000 desaparecidos en el mismo día que se instauró en nuestro país un golpe de estado a cargo de las FFAA para destituir a un gobierno democrático, es una despropósito un disparate y una falta de respeto a las víctimas de la represión.
No escasearán tampoco en esta fecha los que coincidirán, en contrario, celebrando y por qué no extrañando en la intimidad de sus hogares el advenimiento de los militares al poder.
A tal punto ha llegado la incoherencia gubernamental tras esta concomitancia con los enemigos de la democracia, que una evocación que debió ser únicamente para las víctimas, austera y respetuosa, pasa a ser motivo de discrepancias entre la opinión pública.
¿Por qué un desatino semejante?
El "kichnerato" que nos gobierna viene utilizando el tema de los derechos humanos para su propio beneficio con el apoyo insoslayable de entidades (ONG´s) que han logrado un status preferencial gracias a una política que no le hace asco a cualquier método que les permita ganar la calle y habilitar espacios o tribunas que sirvan para promover sus actos de gobierno y para criticar a la oposición, a la prensa independiente y a todos aquellos que enarbolan una crítica hacia el Ejecutivo.
Antecedentes
El 2 de agosto de 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, el Congreso de la Nación Argentina aprobó la ley 25633 para evocar a las víctimas producidas por la última dictadura militar dictaminando que anualmente cada 24 de marzo se recordaría aquel día de 1976, fecha en que se produjo el golpe de estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
No obstante, a pesar de que el Congreso de la Nación Argentina promulgó dicha ley 25.633 sin darle categoría de día no laborable, tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable, pudiéndose mover a lunes o viernes para poder crear un fin de semana largo.
Distintas organizaciones de derechos humanos se opusieron en aquel momento a la propuesta por considerar impropio que un día donde se debía apelar al recuerdo de las víctimas se pudiera convertir en una ocasión aprovechada para hacer turismo o cualquier otro tipo de festejo. Pero, finalmente, el Congreso (con mayoría oficialista) aceptó la propuesta del ejecutivo y declaró al 24 de marzo como día no laborable, estableciendo en este caso su inamovilidad, es decir, la imposibilidad de que se traslade al lunes o viernes más próximo.
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